En México, hablar una lengua indígena marca diferencias desde la infancia. De acuerdo con el Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018-2025, elaborado por la Unicef, hasta 82.3% de las infancias y adolescentes hablantes de una lengua indígena viven en situación de pobreza. En contraste, entre quienes no hablan una lengua indígena la cifra es de 43.2%, una proporción casi dos veces menor.

Mientras el país ha registrado avances en la reducción de pobreza y acceso a servicios para infancias y adolescentes, la marginación territorial sigue siendo uno de los principales factores que profundizan la desigualdad. Esta situación afecta gravemente a las infancias, quienes enfrentan obstáculos para sobrevivir, estudiar y ejercer plenamente sus derechos humanos.

La pobreza y la exclusión que enfrentan las infancias indígenas tienen efectos que van más allá de la falta de ingresos. Quienes crecen en estas condiciones suelen tener un acceso limitado a servicios de salud, educación de calidad, alimentación adecuada y espacios seguros para su desarrollo, afirman especialistas entrevistadas por El Sabueso.

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La exclusión de comunidades o regiones del desarrollo y beneficios sociales es conocida como marginación territorial. Aleida Ruiz Sosa, activista y defensora de derechos humanos originaria de Oaxaca, señala que este fenómeno se refleja en carencias de vivienda, acceso a agua potable, drenaje, electricidad y servicios básicos. Además, “cuando se combina con pobreza extrema infantil, se traduce en bajos niveles de escolaridad, analfabetismo y escuelas sin infraestructura adecuada”, asegura.

En entrevista con El Sabueso, la activista alerta sobre las consecuencias de esta falta de acceso a servicios de salud y alimentación. “La desnutrición y las enfermedades prevenibles van en incremento”, sostiene. Como ejemplo, relata la situación en Río Lima, una comunidad de Oaxaca ubicada a aproximadamente una hora de la ciudad, donde persisten condiciones extremas de marginación. “No tienen acceso a medicamentos ni alimentos. Tener paracetamol es un lujo”, expone.

Por su parte, Cecilia Berlanga, oficial de Política Social en la Unicef México, explica que la marginación territorial es “uno de los factores más determinantes” en las brechas de acceso a derechos para niñas, niños y adolescentes indígenas. “Esto afecta directamente el acceso a educación, salud y alimentación, y se refleja en menores tasas de asistencia escolar, mayores carencias en salud y niveles altos de inseguridad alimentaria”, afirma.

Además, Aleida Ruiz Sosa asegura que las brechas en zonas marginadas limitan la presencia del Estado y la protección social, “esto expone a las infancias y adolescentes a distintos tipos de violencia como física, psicológica y sexual; en el caso de las niñas, ellas enfrentan una mayor vulnerabilidad por factores como su género, su edad y las condiciones socioeconómicas en las que viven”.

“Muchas veces son retiradas de la escuela para realizar labores domésticas y trabajos de cuidados no remunerados. A esto se suman riesgos como trabajo infantil, explotación, trata de personas y matrimonios infantiles”, evidencia Aleida Ruiz Sosa.

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Las desigualdades que enfrentan las infancias y adolescentes indígenas también reflejan limitaciones en el diseño, implementación y alcance de las políticas públicas diseñadas por el gobierno de México.

Aunque en las últimas décadas se han puesto en marcha programas orientados a reducir la pobreza y ampliar el acceso a derechos básicos, estos esfuerzos no siempre consideran las condiciones específicas de las comunidades indígenas, como las barreras lingüísticas, el aislamiento geográfico o las brechas históricas de discriminación.

Las especialistas señalan que uno de los principales desafíos ha sido la falta de políticas diseñadas específicamente para atender las condiciones de las comunidades indígenas. En muchos casos, los programas sociales se enfocan en transferencias económicas, pero no resuelven problemas estructurales como la escasez de personal médico bilingüe, la falta de infraestructura educativa en zonas rurales, las dificultades de transporte para acceder a servicios o la ausencia de materiales educativos en lenguas indígenas.

“Puede existir un centro de salud o una escuela en estas comunidades, pero las personas que brindan el servicio no hablan la misma lengua que las y los pacientes, es ahí cuando esto se convierte en una barrera de comunicación y acceso relevante”, ejemplifica Cecilia Berlanga.

Además, la coordinación entre dependencias gubernamentales suele ser limitada. Mientras una comunidad puede recibir apoyos económicos, continúa enfrentando carencias en salud, educación, agua potable o infraestructura básica, lo que reduce el impacto de las intervenciones públicas y dificulta una atención integral de las necesidades de infancias y adolescentes.

Otro de los problemas identificados es la disminución de la inversión pública destinada a la infancia es la disminución de la inversión pública destinada a este sector. “La inversión pública para niñas, niños y adolescentes representó en promedio 3% del PIB entre 2018 y 2025, mientras que en América Latina el promedio es de 5%”, detalla.

Sobre este tema, la activista Aleida Ruiz Sosa afirma que “se habla de reducción de pobreza y marginación, pero hace falta pisar territorio para mostrar que la distancia entre las cifras oficiales y la realidad en las comunidades es abismal”.

La activista cuestionó que muchas de estas problemáticas sean justificadas bajo el argumento de los usos y costumbres de las comunidades. “Debemos tener claro qué usos y costumbres se deben conservar y cuáles vulneran los derechos de las infancias y de las mujeres”, señaló.

Como resultado, algunas de estas acciones gubernamentales tienen un impacto limitado y no logran atender las causas estructurales de la desigualdad. Esto provoca que generaciones de niñas, niños y adolescentes continúen enfrentando obstáculos para acceder a educación de calidad, servicios de salud, alimentación adecuada y oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones.

“Aumentar la inversión en la infancia, garantizar servicios de calidad con pertinencia cultural y fortalecer la coordinación entre instituciones son medidas urgentes para evitar que el origen étnico o el lugar de nacimiento sigan determinando las oportunidades de vida de niñas y niños en México”, concluye Cecilia Berlanga.

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