El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.

A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron escombros, troncos de árboles y piedras que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz, constataron periodistas de AFP. Los uniformados, con equipos antidisturbios y seguidos de tractores, llegaron en la mañana a la ruta periférica al sur de La Paz para rehabilitar el tránsito de pasajeros y carga desde comunidades agrícolas.

Las zonas proveen verduras y hortalizas a La Paz y El Alto, en severa escasez por los bloqueos. Tras el operativo conjunto, cientos de automóviles, buses y camionetas con pasajeros y carga volvieron a circular. Militares patrullaron por cerros cercanos ante versiones que grupos de manifestantes se escondieron para luego volver a bloquear. Unos tres fueron detenidos por la policía, observó la AFP.

- "No confrontación" sino "diálogo" -

Antes de ese operativo, cientos de personas han tenido que caminar varios kilómetros desde La Paz hacia las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo para abastecerse de verduras y otros alimentos. Paz se desplazó al lugar tras el operativo, dirigido en el terreno por el propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y reiteró, en declaraciones a la prensa, su llamado a la "no confrontación sino al diálogo".

Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país. Los campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros en protesta pedían inicialmente una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas, pero ahora exigen su renuncia.

El proyecto de ley sobre estado de excepción, aprobado en el Senado y que podría ser ratificada el sábado por la Cámara de Diputados, establece que los militares "gozarán de presunción de legalidad" y que la responsabilidad de su actuación será del gobierno.

- Evo y EEUU -

Paz culpó nuevamente al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas y lo acusó de usar "plata (dinero) ilícita" surgida de "la producción del narcotráfico en el Chapare", su feudo cocalero y bastión político en el centro del país. "Está usando al pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales", dijo el gobernante, al referirse a la orden de captura contra Morales por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega.

Estados Unidos ha expresado en varias ocasiones su respaldo al gobierno de Paz. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en X que "Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco?terrorista en la región vuelva a imponerse".

Este viernes, el Escudo de las Américas, una alianza creada por Estados Unidos con gobiernos conservadores de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, denunció "los continuos intentos de derrocar" al gobierno de Paz.

Morales, enconado crítico de Washington, aseguró este viernes en X que Estados Unidos "recurre nuevamente al discurso del 'narcoterrorismo' para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas" de los sectores sociales.