Miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales salieron a las calles de Santiago para protestar contra las políticas económicas del Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast.

La jornada terminó con fuertes choques, 35 detenidos, seis heridos y una joven operada de urgencia cuyas imágenes se hicieron virales y reavivaron el debate nacional sobre la represión policial.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y respaldada por el Colegio de Profesores, la Coordinadora Feminista 8M y otras organizaciones, fue la primera gran movilización desde que Kast asumió el poder en marzo.

Al grito de "¡La educación pública se defiende!", los manifestantes rechazan el plan de ajuste del mandatario de extrema derecha: recortes de unos 6.000 millones de dólares en 18 meses que golpean especialmente la educación —con una reducción de unos 221 millones de dólares— y a la salud, el área más afectada, con casi 486 millones menos.

También cuestionaron una reforma tributaria que, según la oposición, beneficiaría a las grandes empresas y a los sectores más ricos.

Dos días antes, Kast había anunciado la creación de un registro de "vándalos" —personas que ataquen a la Policía o dañen monumentos públicos— con el objetivo de quitarles beneficios estatales, incluida la gratuidad universitaria. Para los estudiantes, se trató de una provocación directa.

La protesta comenzó de forma pacífica, pero sobre la tarde derivó en enfrentamientos protagonizados por encapuchados y reprimidos por la Policía con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Varias calles fueron cortadas y distintas estaciones de metro debieron cerrar sus puertas.

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Una joven universitaria terminó en el quirófano con heridas graves. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que "requería intervención en pabellón".

Su rostro lleno de sangre se viralizó en las redes sociales y generó críticas internacionales, entre ellas la del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Las pancartas eran claras: "No más recortes, no es ajuste, es robo" o "con los recortes, la salud no pasa de agosto".

"Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que usan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata", dijo una profesora de 47 años a la agencia AFP.

"Nos quieren callar, pero nosotros no vamos a parar", sumó Magdalena Correa, estudiante de Pedagogía de 21 años. "Nos están quitando recursos y derechos, y tenemos que contraatacar", declaró a AP.

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El Gobierno de Kast, por su parte, respaldó a las fuerzas de seguridad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva". Mientras que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró que la respuesta policial fue proporcional a "situaciones que se salieron de control".

Arrau señaló además que tres de los detenidos llevaban bombas molotov.

Desde el otro lado, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó a la Administración derechista de haber buscado deliberadamente el conflicto:

"Buscó provocar esto, buscó generar esta situación para justificar la represión".

La movilización también expresó rechazo a la llamada Ley de Reconstrucción Nacional —o "megarreforma"—, el ambicioso programa de ajuste fiscal que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aún debe pasar por el Senado.

Kast, que suele referirse al estallido social de 2019 como un "estallido delictual", enfrenta así la primera prueba de calle de su mandato.

Con EFE, AFP y AP