La administración Trump está poniendo en marcha lo que los expertos describen como la ampliación más importante de las sanciones estadounidenses contra Cuba en décadas.

El Gobierno está intentando lo que, según sus partidarios, es la primera aplicación a gran escala de sanciones secundarias Cuba contra empresas extranjeras, dirigidas no solo a La Habana, sino también a las empresas y bancos extranjeros que siguen haciendo negocios con el imperio económico vinculado al ejército de la isla.

El nuevo marco, establecido en virtud de un decreto firmado por el presidente Donald el 1 de mayo, ejerce presión por primera vez más allá de las empresas estadounidenses, amenazando a las empresas extranjeras con sanciones si siguen operando en sectores clave de la economía cubana vinculados al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

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Los partidarios de esta medida afirman que esta cierra una laguna jurídica que permitía a los inversores extranjeros sostener el régimen comunista Cuba, mientras que el prolongado embargo estadounidense limitaba en gran medida a los estadounidenses.

Los críticos sostienen que estas medidas corren el riesgo de agravar una crisis humanitaria que ya es grave en la isla, sin que por ello se debilite de forma significativa al Gobierno.

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«A principios de mes, lo que hizo la administración Trump fue ampliar por primera vez el alcance de las sanciones estadounidenses, pasando de limitarse a prohibir el comercio entre empresas y ciudadanos estadounidenses y la isla de Cuba a incluir también a terceros países y a quienes facilitan esas actividades», explicó Max Meizlish, exfuncionario del Departamento del Tesoro y actualmente investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en una entrevista Fox News .

«Por primera vez en la historia y de una forma verdaderamente sin precedentes, esa es la misma lógica que el Gobierno está aplicando ahora a Cuba», dijo.

Las sanciones se centran principalmente en GAESA, un extenso conglomerado vinculado al ejército que, según estimaciones de los analistas, controla entre el 40 % y el 70 % de la economía Cuba, incluyendo el turismo, la minería, el comercio minorista, los puertos y los servicios financieros.

Un informe reciente de la Fundación para la Defensa de las Democracias, redactado por Meizlish y Connor Pfeiffer, sostiene que las empresas extranjeras que operan en Cuba contribuyendo de hecho a mantener el liderazgo militar y político del régimen.

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El Departamento de Estado impuso sanciones a GAESA y a varias entidades afiliadas en mayo en virtud de las nuevas competencias, lo que abre la puerta a posibles sanciones contra las empresas e instituciones financieras extranjeras que sigan manteniendo relaciones comerciales con ellas tras la fecha límite del 5 de junio para la liquidación de sus actividades.

Meizlish argumentó que los regímenes de sanciones anteriores fracasaron porque aislaron a las empresas estadounidenses, mientras que permitían que los actores extranjeros siguieran financiando al Estado cubano.

«Hay muchas empresas españolas, por ejemplo, que han invertido millones de dólares en hoteles de lujo y villas en Cuba colaboración con GAESA, y todas ellas están financiando esta empresa militar a costa del pueblo cubano», dijo.

También mencionó la participación canadiense en los sectores del níquel y el cobalto Cuba, y dijo que la inversión extranjera ha generado «enormes cantidades de dinero para el régimen».

«Mucha gente piensa que el embargo de EE. UU. a lo largo de los años es, en realidad, el responsable de muchos de los problemas de la isla de Cuba, pero no tienen en cuenta que GAESA, esta entidad a la que se acaban de imponer sanciones, ha estado acumulando unos 20 000 millones de dólares en activos y efectivo durante todo este tiempo, mientras privaba al pueblo Cuba», declaró Meizlish Fox News .

Pero los detractores de esta política advierten de que las consecuencias económicas podrían afectar más duramente a los cubanos de a pie.

William , un veterano Cuba de la American University, dijo que las medidas del 1 de mayo suponen una escalada importante porque se dirigen específicamente a las empresas extranjeras, en lugar de solo a las estadounidenses, y pretenden disuadir a las empresas extranjeras de hacer negocios con GAESA amenazándolas con la posibilidad de sanciones.

LeoGrande reconoció que las medidas podrían privar al Gobierno cubano de ingresos, pero argumentó que probablemente será la población en general la que más sufra las consecuencias.

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«Esto podría privar al Gobierno cubano de fondos, pero el impacto recaerá principalmente sobre los ciudadanos de a pie, ya que significa que el Gobierno tendrá menos recursos para importar alimentos, medicinas y combustible», dijo.

El debate surge en un momento en que Cuba la crisis económica y humanitaria más grave de los últimos años.

El Programa Mundial de Alimentos afirma que la inseguridad alimentaria está empeorando debido a la escasez de combustible, la inflación y el acceso cada vez más limitado a los productos importados, mientras que funcionarios de la ONU han advertido de que los cortes de electricidad y los apagones están afectando al funcionamiento de los hospitales, los programas de vacunación y las redes de distribución de alimentos en toda la isla.

LeoGrande también advirtió de que unas sanciones más duras podrían provocar otra crisis migratoria.

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«Otro efecto no deseado es que, al empeorar Cuba más las condiciones de vida en Cuba , unas sanciones más duras podrían provocar una migración masiva como la que vimos en 1980 o en 1994», dijo LeoGrande.

En declaraciones extraoficiales, un funcionario estadounidense rechazó los argumentos de que las sanciones de EE. UU . sean las responsables de la crisis humanitaria Cuba.

«El sufrimiento del pueblo cubano no se debe al embargo de EE. UU., sino a las políticas comunistas fallidas y a las violaciones de los derechos humanos de la dictadura cubana», declaró el funcionario a Fox News . «El embargo no impide Cubaacceda a los mercados mundiales ni que comercie con terceros países».

El funcionario añadió que la legislación estadounidense permite explícitamente la exportación de alimentos, medicamentos y material sanitario a Cuba acusó al régimen de esconder «miles de millones en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de invertir en electricidad, infraestructuras y las necesidades diarias de su pueblo».

El debate refleja las discusiones que llevan años existiendo en torno a las sanciones de EE. UU. a países como Irán y Venezuela, donde los partidarios ven la presión económica como una herramienta para debilitar a los gobiernos autoritarios, mientras que los críticos sostienen que los regímenes suelen sobrevivir y que son los civiles quienes acaban cargando con el peso del daño económico.

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Meizlish argumentó que las sanciones no deberían juzgarse simplemente por si derrocan gobiernos de forma inmediata.

«El problema no es que el embargo fuera demasiado lejos», dijo. «Es que no fue lo suficientemente lejos».

Fox News se puso en contacto con la embajada cubana en Washington para recabar sus comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.

Fuente del artículo original: Trump amplía Cuba más allá de las empresas estadounidenses en una gran ofensiva contra los facilitadores extranjeros