A pocos días de una audiencia pública que promete convertirse en una de las más concurridas de los últimos años en la legislatura porteña, el futuro del predio de Segurola al 1651, en el límite entre Floresta y Monte Castro, sigue abierto. Más de 1000 personas ya se inscribieron para participar en la instancia prevista para el próximo miércoles 3 de junio, en la que se pondrá en debate el destino de las más de dos hectáreas donde durante décadas funcionó el histórico Hogar Manuel Rocca.

El terreno, delimitado por las calles Juan Agustín García, Sanabria, Elpidio González y Segurola, permanece prácticamente abandonado desde el cierre definitivo del instituto de menores, hace una década. En los últimos años fue utilizado parcialmente como depósito y para actividades logísticas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires (CDNNyA).

La discusión parecía encaminada cuando la Legislatura aprobó en noviembre del año pasado, en primera lectura, una ley que autorizó la cesión del predio al Club Atlético All Boys por un plazo de 20 años. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo político y plantea la creación de un polo deportivo, educativo y cultural administrado por la institución de Floresta. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos meses a partir de la intervención del CDNNyA, organismo que sostiene que el inmueble forma parte de su patrimonio operativo y que no puede ser transferido en las condiciones originalmente aprobadas por el parlamento local.

Desde All Boys sostuvieron que el proyecto aprobado en primera lectura no responde únicamente a una necesidad institucional, sino que representa una oportunidad para recuperar un predio abandonado, rodeado por muros, y devolverle una función social vinculada al barrio. Entre los socios y simpatizantes se mostraron entusiasmados de cara a la audiencia pública y aseguraron que en los últimos días se multiplicaron las inscripciones para participar de manera presencial o virtual. “Estamos muy contentos y muy esperanzados”, resumieron desde el club, donde interpretaron la masiva participación como una muestra del respaldo que la iniciativa conserva entre vecinos e hinchas.

Los referentes indicaron que ese acompañamiento no es nuevo, sino el resultado de años de trabajo para impulsar el proyecto. Recordaron que durante ese proceso reunieron unas 25.000 firmas, que incluyeron la adhesión de más de 400 comercios de la zona y de más de 60 clubes, asociaciones e instituciones de distintos puntos de la ciudad. Entre los respaldos recibidos, mencionan el de entidades históricamente vinculadas al fútbol argentino, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes de distintas categorías, incluido Nueva Chicago, tradicional rival deportivo de All Boys.

Para los socios, la aprobación inicial de la Legislatura constituyó un reconocimiento al rol social que cumplen los clubes de barrio como espacios de integración, formación y contención para niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, consideraron que cualquier modificación sustancial del proyecto debería respetar el espíritu original de la iniciativa votada el año pasado.

La entidad también llevó el conflicto a la Justicia. En una presentación realizada ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, denunció que el gobierno porteño avanzó en marzo con trabajos de demolición del muro perimetral pese a la aprobación inicial de la ley. Como respuesta, la Justicia ordenó suspender las obras y preservar el lugar hasta que concluya el procedimiento legislativo de doble lectura, incluida la realización de la audiencia pública y una eventual votación definitiva.

Desde el CDNNyA, en cambio, expresaron una posición diferente. La presidenta del consejo, Victoria Morales Gorleri, y otros funcionarios aseguraron que el inmueble constituye un recurso público vinculado a políticas de niñez y que cualquier cesión debe contemplar contraprestaciones concretas para el Estado. Según explicaron, durante los últimos meses mantuvieron reuniones con representantes de All Boys, legisladores y la Defensoría del Pueblo para intentar acercar posiciones. La alternativa analizada consiste en modificar el proyecto original durante la segunda lectura de la ley.

La propuesta en estudio contempla ceder al club aproximadamente el 30% del predio, en particular el sector donde se encuentra la pileta, para el desarrollo de canchas y vestuarios, mientras que el 70% restante permanecería bajo la órbita del consejo. En ese espacio, el organismo proyecta habilitar concesiones vinculadas principalmente a propuestas gastronómicas y emprendimientos culturales, sociales y comerciales. El objetivo, afirmaron, es generar ingresos adicionales destinados específicamente a financiar políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre los posibles destinos de esos recursos mencionaron la apertura de nuevos hogares convivenciales y programas para adolescentes en situación de calle o atravesados por consumos problemáticos. Según detallaron, actualmente cerca de 1000 chicos y chicas requieren dispositivos de alojamiento y acompañamiento por situaciones de vulneración de derechos. Los funcionarios del consejo aseguraron que el club tendría prioridad para participar de algunas de esas futuras concesiones y destacaron que la negociación se encuentra avanzada, aunque todavía sin un acuerdo definitivo. También remarcaron que la aprobación inicial de una ley no implica una decisión irrevocable y que, justamente, el mecanismo de doble lectura fue concebido para incorporar observaciones y modificaciones surgidas del debate ciudadano.

Sin embargo, el proyecto oficial tampoco logra consenso pleno en el barrio. Un tercer actor se prepara para exponer en la audiencia pública: un grupo de vecinos que rechaza tanto la cesión integral a All Boys como la instalación de emprendimientos privados en el predio. Su propuesta plantea la creación de un polo educativo de gestión pública, junto con un gran espacio verde de acceso libre para toda la comunidad. Entre sus argumentos, indicaron que se trata de tierra pública que pertenece al conjunto de los habitantes de la ciudad y que, por lo tanto, debería destinarse a usos abiertos y gratuitos.

La discusión no es nueva. Años atrás, el predio también estuvo en el centro de una controversia cuando el gobierno de la Ciudad evaluó su venta para desarrollos inmobiliarios. Aquella iniciativa generó un fuerte rechazo vecinal y finalmente no prosperó. Desde entonces, la demanda de encontrar un destino comunitario para el terreno se transformó en una causa compartida por distintos sectores barriales, aunque con diferencias sobre cuál debería ser ese uso.

La historia del terreno se remonta a comienzos del siglo XX. El predio fue donado al Estado en 1913 por Manuel Rocca con la condición de que fuera destinado a la atención y asistencia de niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Durante décadas funcionaron allí distintos dispositivos de protección de la infancia, hasta que el predio se convirtió en sede de uno de los institutos de menores de la ciudad.

En sus últimos años de funcionamiento alojó a adolescentes en conflicto con la ley penal y fue escenario de diversas denuncias vinculadas a las condiciones de alojamiento. En 2016, un motín terminó con la muerte de uno de los jóvenes internados, un episodio que aceleró las discusiones sobre el modelo institucional vigente y derivó poco después en el cierre definitivo del establecimiento.

Desde entonces, detrás de los muros perimetrales permanece gran parte de las instalaciones originales: la antigua casona, una pileta de natación, sectores arbolados y diversas construcciones hoy deterioradas por el paso del tiempo.